Gobierno expidió el decreto que desclasifica archivos del DAS, organismo de inteligencia que estuvo bajo control del paramilitarismo
El Gobierno nacional formalizó, mediante el Decreto 1400 del 22 de diciembre de 2025, el levantamiento de la reserva sobre el archivo de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), un fondo documental que por décadas estuvo fuera del alcance ciudadano y que hoy reposa en el Archivo General de la Nación (AGN).
La decisión no significa una liberación inmediata del material: el decreto fija una ruta gradual y condicionada a intervención archivística, digitalización y anonimización, con el argumento de proteger datos personales, preservar la cadena de custodia y evitar que la publicación comprometa la seguridad nacional o el régimen democrático.
Este acto busca revelar el archivo de un organismo disuelto tras múltiples escándalos, garantizando el derecho a la verdad sin convertir la apertura en una vulneración masiva de derechos fundamentales de víctimas, terceros o incluso de funcionarios mencionados en documentos sensibles.
Una tarea compleja: digitalizar, verificar, anonimizar
El decreto define una cadena de responsabilidades: el AGN adelantará procesos técnicos, desde organización y preservación hasta digitalización, y remitirá los productos digitales a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que será la encargada de anonimizar la información conforme al marco de protección de datos y acceso a información pública. Solo después de esa etapa, el AGN generará la “versión digital de consulta” disponible para la ciudadanía.
En el mismo sentido, la norma condiciona el levantamiento de la reserva a una verificación previa: que lo publicado no constituya amenaza contra la vigencia del régimen democrático, la seguridad o la defensa nacional. La arquitectura escogida plantea que no se abre el original reservado, se abre una versión de consulta depurada, para que la publicidad no se convierta, por omisión técnica, en riesgo institucional o en vulneración de derechos.
“La Dirección Nacional de Inteligencia adelantará la anonimización de la información (…) y el Archivo General de la Nación generará la ‘versión digital de consulta’.”
El Gobierno ha descrito el archivo como un acervo de gran escala, con decenas de miles de cajas y soportes electrónicos, lo que anticipa un proceso necesariamente por etapas y con resultados periódicos. Ese volumen explica dos decisiones del decreto: la apuesta por la digitalización como condición de acceso y la obligación de publicar avances con una frecuencia mínima semestral, para evitar que la apertura quede en una declaración sin material consultable.
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Antecedentes del DAS: persecución, interceptaciones ilegales y vínculos con estructuras criminales
El peso histórico de esta decisión está anclado en los antecedentes del organismo. En 2011, el Estado suprimió el DAS mediante decreto-ley, luego de una cadena de crisis institucionales asociadas, entre otros hechos, a labores ilegales de inteligencia. La Corte Suprema de Justicia confirmó condenas relacionadas con seguimientos e interceptaciones ilegales desde el DAS contra magistrados de la Corte Suprema y sectores de oposición, en un caso emblemático del desvío de la inteligencia estatal contra contradictores y periodistas.
En paralelo, existen fallos y pronunciamientos que documentaron la infiltración y el uso de la entidad en beneficio del paramilitarismo. La Corte Suprema condenó al exdirector Jorge Noguera Cotes por poner la dirección de inteligencia “al servicio del paramilitarismo” y por un caso de homicidio que sacudió la historia de la Universidad del Atlántico y la defensa de derechos humanos.
Un documento público sobre el “Caso DAS y Operación Europa” recoge que estas prácticas implicaron persecución política, interceptaciones ilegales e intercambio de información con organizaciones paramilitares, y que parte del daño se proyectó incluso fuera del país, afectando a defensores de derechos humanos en el exilio.
En 2025, además, la Cancillería informó un acto de reconocimiento y disculpas en España por la persecución del DAS a defensores de derechos humanos, en una línea de reparación simbólica que vuelve a poner el archivo en el centro del debate público.
Vigilancia preventiva, reportes y participación de sociedad civil
El Decreto 1400 no deja el proceso a discreción de las entidades técnicas: dispone vigilancia preventiva de la Procuraduría sobre custodia, consulta y depuración, e impone informes semestrales de avance, además de un plan de trabajo público con protocolos, cronograma y presupuesto.
También plantea espacios de participación de sociedad civil y partes interesadas, una decisión muy relevante porque implica que el proceso se construye con reglas, trazabilidad y resultados verificables.
La apertura del archivo del DAS convertirá un acervo históricamente opaco, asociado a persecución ilegal y graves abusos documentados, en insumo consultable para memoria, investigación y esclarecimiento de la verdad. El verdadero impacto en la opinión pública ocurrirá con el primer paquete abierto para consulta.
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