Corte tumba impuesto a generadoras de energía destinados a atender la emergencia económica en el Caribe

El viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Leonardo Pazos Galindo, aseguró que los recursos eran necesarios para atender las carencias de las comunidades afectadas.
Corte tumba impuesto a generadoras de energía destinados a atender la emergencia económica en el Caribe

La Corte Constitucional de Colombia declaró inexequible el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, con el que el Gobierno había impuesto una carga tributaria adicional a las empresas generadoras de energía eléctrica para financiar la atención de la emergencia climática en el Caribe colombiano.

La decisión, adoptada de manera unánime por ocho magistrados, deja sin efecto la contribución parafiscal creada en medio de la emergencia económica y social decretada por el Ejecutivo y ordena devolver o compensar los recursos que ya habían sido recaudados.

El Gobierno sostenía que estos dineros eran fundamentales para responder con rapidez a las necesidades urgentes de miles de personas afectadas por la sequía, el desabastecimiento de agua y otras consecuencias derivadas del fenómeno de El Niño en la región Caribe.

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La medida hacía parte del paquete de decretos expedidos durante la emergencia económica y social declarada por la crisis climática, con la que el Ejecutivo buscaba obtener recursos extraordinarios para financiar ayudas, obras y acciones inmediatas en las zonas más golpeadas.

Sin embargo, la Corte concluyó que el decreto perdió sustento jurídico luego de que previamente fuera anulada la declaratoria de emergencia económica que le daba origen. Según la sentencia C-115 de 2026, la medida no cumplía con los requisitos constitucionales de “imprevisibilidad” y “extraordinariedad” exigidos para este tipo de decisiones excepcionales.

El fallo representa un duro golpe para atender la crisis en el Caribe, pues la contribución buscaba captar parte de las utilidades del sector energético para destinarlas directamente a la atención de la emergencia.

Tras la decisión, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales deberá adelantar el proceso de devolución o compensación de los recursos pagados por las empresas generadoras bajo esta medida.

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Desde el Gobierno, la decisión fue recibida con fuertes críticas. El viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Leonardo Pazos Galindo, aseguró que los recursos eran necesarios para atender las carencias de las comunidades afectadas.

“Les decíamos que necesitábamos recursos para cubrir las carencias de una región y a la Corte no le interesa la gente (…) Todas las medidas para asumir la emergencia tenían que caerse, ya que habían declarado inconstitucional la declaratoria de la misma”, afirmó el funcionario en declaraciones a Señal Colombia.


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