A 9 años de la firma del Acuerdo de Paz, el presidente Petro hace balance de la implementación

Este miércoles, en el acto público de conmemoración de los nueve años de la firma del Acuerdo de Paz, el presidente Gustavo Petro centró su intervención en tres ejes que, a su juicio, determinan hoy los retos estructurales de su implementación: la reforma rural integral, la inclusión del territorio y el acceso a la verdad. Desde allí trazó un diagnóstico crítico de los obstáculos políticos, normativos y sociales que siguen condicionando la construcción de la paz en Colombia.

El jefe de Estado se refirió a los dos golpes que, según dijo, marcaron los primeros años del acuerdo: el resultado del plebiscito y la llegada al poder de un gobierno que se propuso “hacer trizas la paz”. Aun así, señaló que Colombia “no es una sociedad unida alrededor de la construcción de la paz, sino ambivalente”, y explicó que mientras un sector privilegiado ha expresado su rechazo al Acuerdo, la población más excluida y pobre ha manifestado su respaldo.

En ese contexto, Petro sostuvo que el hecho de que la paz no sea concebida como un bien común es quizá uno de los factores centrales que impiden su ejecución plena: “El que no sea concebido como un bien común […] es quizás el primer factor por el cual el Proceso de Paz no puede mirar un 100 % de ejecución”. También se preguntó si quienes firmaron el acuerdo por parte del Estado estaban realmente comprometidos con su implementación.

Un millón de hectáreas para cumplir el primer punto: reforma rural integral

El presidente abordó de manera puntual la reforma agraria y destacó que, de los tres millones de hectáreas previstas, “vamos acercándonos a una”. Afirmó que ese “uno”, en un 80 %, se ha logrado durante su gobierno. Señaló además que la redistribución de la tierra está condicionada a que sea “tierra fértil”, y advirtió sobre las barreras normativas que, a su juicio, siguen frenando ese proceso: “No ha sido posible cambiar las normas, y es necesario cambiar las normas si queremos rapidez en el tiempo”.

“Las normas existentes están hechas para el gran poseedor de tierras,[eso] no lo ha querido cambiar el Congreso”, dijo el mandatario. Añadió que ese contenido normativo no se incluyó en el Fast Track aprobado para garantizar la implementación del acuerdo, lo cual, en su concepto, evidencia la negativa de la clase política a permitir transformaciones estructurales en la propiedad de la tierra. “Se les hizo conejo a normas que permitan rápidamente distribuir la tierra en Colombia”, afirmó.

El presidente también se refirió a las haciendas improductivas como una herencia colonial y calificó de irracional la concentración de tierra fértil en la ganadería extensiva. “Cuando se examina cuánta tierra fértil está en la ganadería extensiva, es decir, no producen, pues llegamos a 15 millones de hectáreas. Es decir, si esas 15 millones de hectáreas fueran agricultura como el uso y la calidad de su tierra lo indican, no solo tendríamos un millón de puestos de trabajo, sino una equidad mucho mayor en la vida social del campo colombiano”, señaló.

Según explicó, este fenómeno también se conecta con el narcotráfico, en tanto la adquisición forzosa y violenta de tierras se convirtió durante décadas en un mecanismo para el lavado de dinero. Advirtió además que la jurisdicción agraria sigue detenida en el Congreso y solicitó a los delegados de la Misión de la ONU en Colombia organizar una veeduría frente a dichas barreras normativas. Añadió que a la entrega de tierras deben seguirle garantías para su aprovechamiento productivo, el comercio de los productos y el desarrollo regional.

“La transformación del territorio está muy quedada”: presidente Petro

El mandatario afirmó que la falta de presencia del Estado en los territorios que dejaron las FARC permitió que otros grupos armados los coparan. Atribuyó esta situación a un centralismo histórico que ha concentrado la inversión pública entre Bogotá, Medellín y Cali. “Es un centro andino donde se ha concentrado el poder político de Colombia durante mucho tiempo”, sostuvo, y agregó que estas decisiones han tenido un matiz racista, al seguir considerando a poblaciones negras y mestizas como subordinadas.

“Colombia es el único país que decidió mantener su litoral Pacífico pobre”, expresó al referirse a la desigualdad histórica de esta región, y la comparó con zonas similares de otros países donde se concentran polos de desarrollo. “Selvático es y poblado por poblaciones mayoritariamente negras e indígenas abandonadas a su suerte”, dijo. Señaló que el único foco relevante de actividad económica es Buenaventura por ser el principal puerto del país, pero advirtió que ese municipio no se beneficia de esa riqueza: “No miran al municipio de Buenaventura, lo usan. Los dueños del puerto viven aquí (Bogotá), algunos por fuera del país, en Dubái…”.

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El presidente también destacó que su gobierno ha reducido el tráfico de drogas desde esta ubicación tras recuperar el control del puerto. Planteó además un dilema central: si es posible resolver el problema del narcotráfico sin atender el problema del territorio excluido. Reflexionó que la violencia ha sido la regla porque se mantiene una lógica estructural de desigualdad.

La desigualdad en las vías 4G

El jefe de Estado cuestionó que las autopistas 4G no hayan servido para integrar las fronteras del país, sino para valorizar las tierras de los grandes capitales. “Las autopistas no han servido para unirnos hacia las fronteras colombianas, sino […] para valorizar las tierras de los dueños del capital en Colombia”, dijo, y puso como ejemplo la doble calzada entre El Poblado y el aeropuerto de Rionegro, las dobles calzadas que rodean a Bogotá y la vía Bogotá–Villavicencio.

Sostuvo que, bajo este modelo, a los territorios más vulnerables les queda la menor parte de la inversión pública. Se refirió de manera puntual a las llamadas carreteras de la paz, como la del Catatumbo, sobre la cual dijo que ni siquiera cuenta con estudios suficientes. En cuanto a Popayán, afirmó que sus élites no muestran interés por construir una vía hacia el Pacífico, donde se concentran poblaciones afrocolombianas.

Señaló que en el Catatumbo resulta paradójico exigir sustitución de cultivos de uso ilícito cuando sacar los productos lícitos requiere hasta 12 horas de desplazamiento hasta vías transitables. Afirmó que, en consecuencia, la violencia en Colombia pasó de ser un conflicto armado a una violencia esencialmente narcotraficante, con organizaciones financiadas por economías ilegales.

Pidió a los países que apoyan el Proceso de Paz pensar en la oportunidad histórica que representa para Colombia resolver la grave desigualdad territorial expresada en su infraestructura de transporte. Puso como ejemplo al Pacífico colombiano como un enclave con potencial para la economía mundial: “Le llamo ‘El Corazón del Mundo’”, afirmó.

“El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió excluir la verdad”

El presidente sostuvo que Colombia no ha logrado unirse como nación y que históricamente el poder ha mirado al campesinado como un enemigo, lo que ha sido un obstáculo para la implementación del Acuerdo. “La verdad ha sido excluida de la declaración unilateral de Estado, no por voluntad de Colombia. Lo que ha sucedido es que los Estados Unidos le pidieron a los países miembros del Consejo de Seguridad que excluyeran la verdad”, afirmó.

Agregó que existen grupos de poder que influyen en este tipo de decisiones en Estados Unidos. Se refirió al caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, como ejemplo de un hacendado concentrador de tierras que fue condenado por la justicia ordinaria a 28 años de prisión.

“La JEP ha sido destruida, amilanada y debilitada”, dijo el mandatario, al señalar que la Corte Constitucional impidió que se investigara en estos tribunales el poder económico que ha estado detrás de la guerra en Colombia.

El presidente cerró su intervención afirmando que los grupos ilegales que hoy sostienen la violencia pueden disminuir si hay inclusión territorial, si se garantiza la verdad y si las tierras productivas en manos de grandes hacendados improductivos pasan al campesinado. Advirtió que el Acuerdo de Paz está debilitado, pero sostuvo que ha sido posible rescatarlo parcialmente y que serán las decisiones políticas de los colombianos las que definirán su supervivencia.