El próximo martes se definirá si se absuelve o ratifica condena contra Álvaro Uribe Vélez

El próximo martes 21 de octubre, a las 8:00 a.m., el Tribunal Superior de Bogotá dará lectura al fallo de segunda instancia sobre la condena impuesta al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en la actuación penal y fraude procesal.
Esta decisión judicial se perfila como uno de los momentos más trascendentales en la historia judicial reciente del país, pues determinará si el exmandatario queda absuelto de los cargos o si, por el contrario, se ratifica la condena en su contra, ya sea de manera total o parcial.
El fallo de primera instancia
En primera instancia, la jueza Sandra Liliana Heredia condenó a Uribe Vélez a 12 años de prisión domiciliaria por considerarlo responsable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La magistrada determinó que el expresidente concibió un "plan criminal" para que exparamilitares acusaran falsamente al senador Iván Cepeda de ofrecer beneficios a cambio de testimonios en su contra.
De ratificarse la condena, Uribe Vélez se convertiría en el primer expresidente de Colombia en ser condenado penalmente, un hecho sin precedentes en la historia judicial del país que marcaría un hito en el sistema de justicia colombiano.
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Los orígenes del caso: de acusador a acusado
El proceso que hoy mantiene en vilo al país se remonta a más de una década atrás. En 2012, el senador Iván Cepeda presentó en un debate de control político en el Congreso testimonios de exparamilitares como Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, quienes vinculaban a Uribe Vélez y a su hermano Santiago con la presunta fundación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia.
En respuesta, Uribe denunció a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la investigación tomó un giro inesperado: en 2018, la Corte determinó que no había mérito para investigar a Cepeda y, en cambio, encontró indicios de que el propio Uribe habría participado en un esquema para manipular testigos a través de terceros, incluido su entonces abogado Diego Cadena.
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Según la Fiscalía, Uribe ideó y promovió una estrategia para que testigos exparamilitares cambiaran sus versiones o declararan que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, en un intento por presuntamente engañar a la justicia.
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