Presidente Petro recuerda, en el Día contra la Discriminación Racial, el error censal del gobierno Duque que invisibilizó a 1,5 millones de colombianos afro

En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el presidente Gustavo Petro recordó que, durante el gobierno de Iván Duque, se consolidó uno de los mayores errores de la estadística colombiana reciente: la invisibilización de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el censo nacional. El mandatario afirmó que 1,5 millones de personas de origen negro desaparecieron de la estadística oficial y sostuvo que su gobierno busca corregir ese problema con métodos de mejoramiento estadístico y un módulo especializado.

Este episodio se hizo visible en la caída registrada entre el censo de 2005 y el de 2018, realizado antes de la llegada del gobierno Petro. En un documento institucional, el DANE reconoció que la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera pasó de 4.311.757 personas en 2005 a 2.982.224 en 2018, una reducción aproximada del 30 %, que no corresponde al comportamiento demográfico esperado.

Un escándalo censal de 2018 que estalló en el gobierno Duque

El dato cuestionado proviene del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2018. Ese operativo se realizó en el gobierno anterior y sus resultados desataron una controversia constitucional y política por la magnitud de la reducción en la población afro registrada por el Estado.

El DANE dejó por escrito que esa caída no obedeció a fecundidad, mortalidad o migración. La entidad señaló que, de acuerdo con las proyecciones basadas en componentes demográficos, esa población debía crecer y no disminuir. Por eso atribuyó la variación a factores metodológicos, operativos, institucionales y estructurales.

El jefe de Estado subrayó ese origen temporal y político en su mensaje del 21 de marzo. “Se trató de uno de los peores errores de la estadística colombiana muy probablemente originado en prejuicios racistas que se mantuvieron durante el gobierno Duque hasta que la Corte Constitucional expidió una sentencia señalando el burdo problema en el año 2022”.

La Corte Constitucional intervino después mediante la Sentencia T-276 de 2022. Esa decisión impartió órdenes a partir de la disminución de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en el censo de 2018, es decir, sobre un resultado producido antes del actual gobierno.

El actual gobierno habla de corrección y reparación

El presidente Petro sostuvo que la respuesta de su administración ha sido enfrentar esa invisibilización con correctivos institucionales. “Mi gobierno busca la forma de mitigar dicho problema de desaparición poblacional con métodos de mejoramiento estadístico y un módulo especializado”.

En esa misma línea, el DANE informó que en 2025 consolidó un estudio sobre las causas de la variación y las dificultades en la captación de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera en los censos nacionales. Según la entidad, ese trabajo identificó causas internas y externas del problema y fue construido con participación de comunidades y sectores académicos.

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El documento también señala que el DANE adelanta gestiones para socializar esas lecciones aprendidas con organizaciones del movimiento afrocolombiano y representantes del Espacio Nacional de Consulta Previa. La entidad sostiene que ese proceso busca cumplir las órdenes de la Corte y evitar que se repitan errores como los del censo de 2018.

El departamento de estadística reconoce que las medidas actuales no pueden revertir lo ocurrido, pero sí contribuir al reconocimiento efectivo de la diversidad y a la reparación de la ciudadanía y de los pueblos no contabilizados en ese operativo censal.

La discriminación racial también se expresa en tierra, ingreso, pensión y salud

El gobierno Petro ha planteado que la discriminación racial no se expresa solo en las cifras sino también en desigualdades históricas acumuladas en tierra, ingreso, protección social y acceso a derechos.

En materia territorial, el balance oficial incluye acciones diferenciadas para comunidades étnicas. En pueblos indígenas, el Gobierno impulsó en marzo de 2026 el inicio de la consulta previa para precisar los sitios sagrados de la Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en julio de 2025 entregó 227 hectáreas al pueblo arhuaco para ampliar su resguardo y recuperar acceso ancestral al mar Caribe.

En comunidades afrocolombianas, el balance incluye titulación colectiva para consejos comunitarios y la entrega de 592 hectáreas a 13 consejos comunitarios afro de Tumaco. En total, la reforma agraria impactó 2,5 millones de hectáreas en 2025 para comunidades campesinas, indígenas y afro.

La desigualdad también persiste en los ingresos. El DANE reportó que para 2023 la pobreza monetaria llegó a 60,0% en población indígena y a 45,2% en población negra, afrodescendiente o afrocolombiana, muy por encima de la población sin autorreconocimiento étnico. Con ese trasfondo, el Gobierno ha presentado el salario mínimo vital como una herramienta para reducir brechas históricas de ingreso y fortalecer las condiciones de vida de sectores que han vivido exclusión estructural.

La deuda en protección social es igualmente profunda. El DANE mostró que la población ocupada con autorreconocimiento étnico está mucho más concentrada en el trabajo por cuenta propia, con 53,7%, frente a 39,7% en la población no étnica, una condición que dificulta cotizar de manera estable para la vejez. Desde esa lectura, el Gobierno sostiene que la reforma pensional incorporó un enfoque étnico para ampliar la protección social y reconocer las barreras históricas que han enfrentado pueblos indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueros y Rrom en el acceso efectivo al derecho a pensión, garantizando un ingreso mínimo a través del pilar solidario para quienes no pudieron ingresar al sistema contributivo.

En salud, el Gobierno ha defendido el sistema preventivo en los territorios como respuesta al abandono histórico de comunidades indígenas, afrocolombianas y rurales. Esa apuesta muestra, según el balance oficial, resultados concretos: la mortalidad materna bajó de 278 casos en 2022 a 199 en 2024, una reducción de 28,4%, y las muertes en menores de cinco años pasaron de 5.302 en 2022 a 3.212 en 2025 en periodos comparados. La mortalidad por desnutrición cayó 42% entre 2022 y 2024, con descensos en territorios históricamente golpeados por el abandono como La Guajira y Chocó.

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