Gobierno garantiza entrega del PAE durante la emergencia declarada aun cuando se suspendan clases por crisis invernal

El Gobierno Nacional habilitó la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) fuera del calendario y las instalaciones educativas en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, territorios afectados por el frente frío que ha alterado el funcionamiento de miles de colegios oficiales.

La medida, estructurada conjuntamente por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar, Alimentos para Aprender (UApA), busca garantizar que niñas, niños, jóvenes y adolescentes matriculados en establecimientos oficiales y beneficiarios del programa no pierdan su ración diaria cuando las condiciones de emergencia impidan la presencialidad.

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El decreto establece una operación escalonada según la duración de la suspensión: si es menor a 10 días, se entregará alimentación en modalidad industrializada; si supera ese plazo, se evaluará la entrega de canasta alimentaria; y en casos excepcionales, se podrá otorgar un bono alimentario.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, anunció la medida desde Cartagena y subrayó que su aplicación es inmediata. "En muchos casos, el PAE representa la única ración alimentaria diaria para niñas y niños en los territorios cobijados por la emergencia", afirmó, al tiempo que destacó que este fue uno de los primeros decretos firmados tras la declaratoria de emergencia.

La decisión hace parte de un paquete de cinco decretos del sector educativo orientados a sostener servicios esenciales para las familias afectadas por la crisis invernal, con el propósito de que ningún estudiante quede sin alimentación mientras se restablecen las condiciones para el regreso a clases.

Una emergencia de grandes proporciones

La decisión responde a un panorama crítico. Según el balance presentado en el Consejo de Ministros, se han registrado 65 emergencias en 61 municipios de ocho departamentos, 53 de ellas causadas por inundaciones. Más de 69.000 familias han sido afectadas, diez personas perdieron la vida y se reportan daños severos en viviendas, vías, puentes, acueductos y equipamientos de salud y educación. El impacto sobre el sector productivo incluye cerca de 20.000 hectáreas afectadas y más de 4.100 viviendas destruidas, con un costo estimado de recuperación de 8 billones de pesos.

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Otras medidas decretadas por el gobierno para atender la crisis, incluyen un impuesto temporal al patrimonio empresarial, con tarifas diferenciadas para sectores financieros y extractivos, alivios y reestructuración de deudas para pequeños productores agropecuarios, suspensión de cobros judiciales de créditos rurales, agilización en la compra y saneamiento de tierras para reubicar familias afectadas, autorización de contratación directa y flexibilización de trámites para acelerar obras urgentes, incluso con raciones para preparar en casa si se suspenden clases, y una contribución adicional del 2 % sobre ventas brutas a empresas generadoras de energía ubicadas en cuencas impactadas, con el fin de financiar acciones de mitigación y atención de la emergencia.

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