“Fondos secuestran recursos de los ahorradores", ministro de Trabajo tras suspensión de traslado de recursos a Colpensiones

El Gobierno nacional escaló su enfrentamiento con el Consejo de Estado tras la suspensión provisional del decreto 415, norma que obligaba a los fondos privados de pensiones a trasladar los ahorros de sus afiliados a Colpensiones. 

En el centro del conflicto están 25 billones de pesos correspondientes a los ahorros pensionales de cerca de 120.000 trabajadores colombianos que decidieron trasladarse a Colpensiones. De ese total, 5 billones pertenecen a 25.000 personas que ya se pensionaron y que actualmente reciben su mesada a través del sistema público, a pesar de que los fondos privados no han transferido los recursos.

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"Los fondos mantienen secuestrados los recursos de los ahorradores mientras Colpensiones está pagando las pensiones", afirmó Sanguino, quien denunció que esos dineros, retenidos en los portafolios de las administradoras privadas, siguen generando utilidades para las mismas entidades que se niegan a entregarlos. "Están ganando plata con la plata que no es de ellos", sostuvo el ministro.

El decreto 415 había tenido una primera suspensión parcial hace aproximadamente dos semanas, cuando el Consejo de Estado ordenó congelar el traslado de los recursos correspondientes a los afiliados aún activos, pero dejó en firme el paso de los 5 billones de quienes ya estaban pensionados. El Gobierno respondió con un recurso de súplica. Sin embargo, en lugar de resolver ese recurso, el magistrado Bedoya extendió la suspensión a la totalidad de los recursos, incluyendo los de los ya pensionados, agravando la situación fiscal de Colpensiones.

#ElCalentao 🥘 | “Los fondos mantienen secuestrados los recursos de los ahorradores mientras Colpensiones está pagando las pensiones”, aseguró el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, tras la suspensión provisional del decreto 415 por parte del Consejo de Estado. ⚖️

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— Señal Colombia (@SenalColombia) May 12, 2026

Ante este panorama, el Ejecutivo anunció una respuesta coordinada entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Hacienda, Colpensiones, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. El propio presidente Gustavo Petro instruyó a su gabinete a explorar una denuncia por prevaricato contra el magistrado. 

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Además, el Gobierno anunció que acudirá a la Corte Constitucional para exigirle al Consejo de Estado que respete la competencia de ese tribunal en lo que respecta a la Ley 2381, la norma que sustenta la reforma pensional y que también podría verse afectada por la decisión cuestionada.

La disputa pone en evidencia la fragilidad jurídica del proceso de implementación de la reforma pensional y abre un capítulo de tensión institucional entre las ramas ejecutiva y judicial en un momento clave para el futuro del sistema de pensiones en Colombia.

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