Nuevo sistema de medición de cultivos de coca será uno de los puntos clave de la reunión entre el presidente Petro y Trump

El Gobierno colombiano decidió cambiar la forma en que mide la producción de cocaína y la dimensión del cultivo de hoja de coca, en una apuesta que busca desactivar una discusión que lleva décadas condicionando la política antidrogas: el dato que se usa para evaluar resultados, asignar presupuesto, justificar operaciones y medir el éxito o fracaso.

El anuncio lo hizo Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado. Dijo que el país adoptará el Sistema de Monitoreo de la Policía Nacional de Colombia, con estándares internacionales de calidad, para reemplazar la metodología de la UNODC, cuyos resultados han sido cuestionados por el Ejecutivo.

La discusión no será doméstica. El Gobierno la llevará como punto central a la reunión del 3 de febrero en Washington entre el presidente Gustavo Petro y Trump. El mensaje es claro: Colombia quiere que la cooperación antidrogas se discuta con números verificables y con un indicador que mida “cocaína real”, no proyecciones infladas por supuestos de productividad.

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Un cambio de método con verificación internacional

Idárraga explicó que el nuevo mecanismo no será un ejercicio de autopista cerrada. El Gobierno planteó la presencia de un observador internacional, posiblemente proveniente de Europa,  para verificar los datos y evitar que la transición sea tachada como una autocertificación. “No será un 'autoauditaje' del cultivo. Tenemos que traer verificadores”.

El funcionario también señaló que los detalles del esquema de verificación se discutirán directamente con la administración estadounidense y que el sistema se coordinará desde Viena en diálogo con Washington. La decisión busca blindar el dato con una supervisión externa y convertirlo en base de coordinación bilateral, no en punto de choque.

El Presidente ya había marcado una línea al respecto. El 22 de enero escribió en X que el indicador de “producción potencial de cocaína” usado por la ONU está mal concebido. “El indicador de potencial producción de cocaína ha sido pésimamente construido por la Unodc, desde hace lustros”.

En esa misma discusión, el Gobierno asegura haber compartido con la DEA estudios que muestran una reducción en la tasa de crecimiento de los cultivos ilícitos, y sostiene que la lectura internacional se ha apoyado en un indicador que sobredimensiona rendimientos y termina disparando cifras difíciles de auditar.

La cifra que sacudió la discusión: sobreestimaciones de hasta 901%

Recientemente una investigación avivó el debate: un estudio publicado por Plano Negativo con participación de científicos espaciales de la Universidad del Tolima y la University of Oregon, sostiene que el SIMCI de la ONU habría sobreestimado la extensión del cultivo de coca en Putumayo, Caquetá, Guaviare y Meta entre 1999 y 2019, con distorsiones que, según el documento, variaron entre 93% y 901%.

El ejemplo que usa el estudio busca mostrar la dimensión del problema. Para Putumayo, en el año 2000, el SIMCI reportó 66.022 hectáreas, mientras el método alternativo del estudio estimó 6.595. El documento cruza esa serie con los reportes operacionales de fumigación de la Policía Antinarcóticos: 71.891 hectáreas fumigadas en 2002 en ese mismo departamento. La pregunta que deja la investigación no es retórica: si el dato de área cultivada estaba inflado, la política pudo haber evaluado resultados y diseñado operaciones sobre una línea base errada.

La investigación propone un estándar que el Gobierno ahora recoge como bandera: métodos replicables, márgenes de error explícitos, datos disponibles para auditoría y documentación técnica suficiente para que el país no dependa de una serie “de fe”.

Fumigación, deforestación y un costo que pagaron territorios

El estudio no se limita a decir que los números están mal y refiere graves consecuencias. En Guaviare, por ejemplo, reconstruye series largas de cambios de cobertura del suelo (bosque, coca y ganadería) y sostiene que reducir la deforestación a los cultivos de coca borra un motor dominante: la expansión ganadera. En esa interpretación, los ciclos de erradicación y fumigación reordenan el territorio: desplazan economías, abren rutas de ocupación y alteran el bosque sin que el dato oficial capture la complejidad.

En Putumayo, la discrepancia entre cultivos estimados y hectáreas fumigadas abre otro frente. El estudio insiste en la trazabilidad y señala que sin archivos públicos completos —rutas, fotos, videos, coordenadas GPS— la comparación entre hectáreas cultivadas y hectáreas erradicadas se vuelve un ejercicio frágil para evaluar política pública.

En ese punto aparece la discusión sobre el registro histórico de la operación. Plano Negativo sostuvo que pidió al Departamento de Estado de EE. UU., vía FOIA, registros detallados de fumigación aérea entre 1994 y 2015, y que la respuesta no entregó un conjunto amplio de misiones: el material recibido parecía corresponder a un único evento o experimento en la base militar de Larandia, descrita como centro de operaciones en el sur del país.

La investigación también menciona los “Papeles de DynCorp” para sostener que desde 1995 existía un desacuerdo formal entre Estados Unidos y Colombia sobre cómo cuantificar coca y cómo verificar erradicación. El documento plantea que ese choque derivó en un “Protocolo de Verificación” en 1996 y en una solicitud colombiana de evaluación independiente en 1997. La conclusión es simple: el pleito por el dato no nació con el presidente Gustavo Petro; viene con la arquitectura misma de la política antidrogas.

El estudio concluyó que, al revisar 3.012 puntos asociados a fumigación, en 974 puntos no detectó coca. Para sus autores, esa cifra refuerza la tesis de fondo: sin trazabilidad completa, el país no puede auditar qué se operó, qué se midió y qué se reportó.

SIIMA, Policía y el argumento del Gobierno: “cocaína real, no potencial”

El Gobierno no está solo en la crítica. Lo está anclando a su propio sistema. En Consejo de Ministros, el director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, explicó que el SIIMA produce informes cada cuatro meses, mientras el SIMCI lo hacía cada año y afirmó que el SIIMA es más preciso.

El presidente Gustavo Petro apoyó ese viraje con una frase que condensa el conflicto con Naciones Unidas: “El Simci utilizó una metodología equivocada en 2023, nos falsearon los datos y no corrigieron”. Luego fijó el indicador que quiere poner en el centro, porque ahí se definen descertificaciones, sanciones, presiones y operaciones:

“El dato que sirve es cuánta cocaína sale, real, y no potencial, porque Colombia no es el país más productivo de cocaína en el mundo”.

Ese enfoque también explica por qué la reunión en Washington no será una conversación “sobre coca” en abstracto: será una conversación sobre medición, verificación y criterio de evaluación. El Gobierno quiere que Estados Unidos acepte discutir cooperación con un dato auditado y con un indicador que no infle productividades por extrapolación.

Un dato político para Washington: caída del crecimiento y lotes abandonados

En ese mismo Consejo de Ministros, el Gobierno divulgó la cifra que quiere convertir en argumento internacional: el crecimiento de cultivos se desplomó en 56,9% en los últimos tres años, según el SIIMA con corte a agosto de 2025, en el periodo del presidente Gustavo Petro.

Rincón también entregó otras cifras: los cultivos retomados (áreas cultivadas de forma permanente) pasaron de 30.851 hectáreas en 2022 a 15.159 en 2025. Y se mencionó un universo de lotes abandonados: 56.639 hectáreas no productivas, ubicadas en regiones como Catatumbo, Caquetá, Guaviare y los Llanos Orientales, que el Gobierno presenta como oportunidad para recuperación estatal y sustitución productiva.

El Presidente pidió que esas cifras “se conozcan en Estados Unidos” y ordenó aumentar la frecuencia de reportes: dijo que el SIIMA debería emitirse cada mes.

La otra caja: incautación de divisas y la pregunta por el dinero

En cuanto a la incautación de divisas del narcotráfico. En la comparación de los primeros 1.278 días de tres gobiernos, esta administración reportó un aumento de 1.287%, con un total de US$1.873 millones.

El Presidente dejó una inquietud que para la mayoría de expertos y académicos queda en el aire: “¿Dónde está esa plata?”, y pidió a Hacienda y Justicia trabajar con la Fiscalía para establecer el paradero de esos recursos.

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Qué se discute realmente el 3 de febrero

La conversación con Trump llega después de la tensión por deportaciones y por las posturas del gobierno en plano internacional, especialmente frente al genocidio de Gaza y los bombardeos con ejecuciones extrajudiciales en el mar Caribe por parte del Comando Sur. El caso de las deportaciones terminó con una salida negociada: Colombia aceptó recibir deportados en aviones militares, con garantías, y Estados Unidos suspendió sanciones anunciadas.

Ahora el centro cambia: cooperación antidrogas y la información que sostiene esa alianza. El Gobierno quiere que Washington discuta un nuevo sistema de medición con verificación internacional y que acepte que el indicador de “producción potencial” es un problema si no distingue productividades por región, si no abre metodología y si no permite auditoría.

El punto político es que, durante años, la política se sostuvo sobre series que no eran auditables externamente. El Gobierno está diciendo que esa opacidad terminó justificando erradicación forzada, fumigación y el uso de glifosato, con costos que pagaron familias campesinas y ecosistemas.

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