Gobierno expidió un nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado para 30 millones de usuarios

El gobierno nacional expidió este martes el nuevo Marco Tarifario de Acueducto y Alcantarillado para grandes prestadores del servicio, una regulación que afecta a alrededor de 30 millones de usuarios en todo el país. La Resolución CRA 1032 del 24 de marzo de 2026 establece reglas para garantizar tarifas justas, equitativas y transparentes, y sitúa el Derecho Humano al Agua como eje central de la política tarifaria.

La norma aplica a los prestadores que atiendan a más de 5.000 suscriptores ubicados mayoritariamente en zonas urbanas y fue construida durante cinco años de evaluación técnica con participación de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, los ministerios de Vivienda, Ambiente y Salud, el DNP y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Durante la consulta pública se recibieron 1.631 aportes de ciudadanos, academia, empresas y gremios del sector.

Tarifas justas y enfoque diferencial

El nuevo marco adopta un esquema regulatorio diferencial que busca equilibrar la garantía del acceso al agua con la sostenibilidad financiera de los prestadores. En términos concretos, busca que los hogares paguen lo justo por la calidad, continuidad y cobertura del servicio que efectivamente reciben, sin afectar el principio de suficiencia financiera de las empresas.

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La regulación también incorpora de manera explícita los costos asociados a la gestión ambiental, reconoce las inversiones ambientales obligatorias y adicionales de los prestadores, y fortalece los mecanismos de supervisión permanente por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Una herramienta para alcaldías y gobernaciones

Para los entes territoriales, el nuevo marco se convierte en una herramienta de planeación sectorial para avanzar en el cierre de brechas en cobertura, calidad y continuidad del servicio, especialmente en los territorios con mayores rezagos.

El gobierno presentó la regulación como una apuesta de largo plazo que sienta las bases para una prestación de servicios más eficiente, equitativa y sostenible, alineada con los compromisos internacionales del país en materia de agua y saneamiento básico.

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