EE. UU. amenaza con represalias si la UE no flexibiliza su regulación a las tecnológicas

EE. UU. inició una nueva tensión con la Unión Europea al advertir que podría adoptar represalias comerciales si Bruselas no modifica su regulación sobre las grandes tecnológicas. La advertencia llega después de una seguidilla de sanciones y procesos contra plataformas como Google y X, en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) y otras normas de competencia y protección de datos.

La oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) criticó tanto las multas millonarias como los impuestos digitales aprobados por algunos Estados miembros, y los calificó como “medidas irrazonables” que, a su juicio, afectan de forma desproporcionada a empresas estadounidenses del sector tecnológico. Washington deslizó que podría responder apuntando a compañías europeas, sin precisar aún qué sectores o instrumentos comerciales utilizaría.

Del lado europeo, la respuesta fue inmediata: la Comisión Europea defendió la independencia de sus reguladores y subrayó que la aplicación de la normativa digital no distingue entre empresas estadounidenses, europeas o de cualquier otra jurisdicción.

Las advertencias de Washington

Según el mensaje difundido por el USTR, la administración estadounidense considera que ciertas decisiones recientes de Brusela, entre ellas las multas a grandes plataformas y los esquemas de tributación digital, constituyen una forma de trato injusto hacia empresas de su país. La autoridad comercial habló de posibles “contramedidas” para “contrarrestar estas medidas irrazonables”, lenguaje que suele anticipar disputas formales en materia de comercio.

La tensión no surge de la nada. El Gobierno de Donald Trump ya venía escalando su discurso contra la regulación europea a las plataformas, alegando que detrás de las decisiones de Bruselas hay un ánimo de censura y de persecución económica contra las tecnológicas estadounidenses. Varios altos funcionarios han enmarcado la discusión no solo como un conflicto regulatorio, sino como una supuesta ofensiva contra la libertad de expresión en internet.

En ese contexto, las sanciones recientes, especialmente la impuesta a X, han sido utilizadas en Washington como ejemplo de lo que describen como un “sesgo” europeo contra compañías de Silicon Valley. Voces como la del secretario de Estado, Marco Rubio, o la del vicepresidente J. D. Vance han acusado a la UE de “castigar” a las plataformas por no ajustarse a sus criterios sobre contenido y moderación, mientras que el regulador estadounidense Brendan Carr ha hablado de “impuestos a los estadounidenses para subsidiar a un continente frenado por sus propias regulaciones”.

Bruselas defiende su modelo regulatorio

Frente a las amenazas, la Comisión Europea reiteró este martes que mantendrá el rumbo de su política digital. Thomas Regnier, portavoz comunitario, recalcó que las reglas del mercado único —incluidas la DSA y la normativa de competencia— “se aplican de manera igualitaria y equitativa a todas las empresas que operan en la UE”, independientemente de su país de origen.

“Seguiremos aplicando nuestras normas de manera equitativa y sin discriminación”, insistió Regnier, al ser preguntado por las advertencias de Washington. Para Bruselas, el núcleo del debate no es nacionalidad de las empresas, sino la necesidad de limitar prácticas consideradas abusivas o peligrosas: desde el diseño engañoso de interfaces hasta la opacidad en publicidad y el acceso de investigadores a datos clave sobre contenidos en línea.

Henna Virkkunen, responsable digital de la UE y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para la soberanía tecnológica, ha repetido en distintas ocasiones que la DSA “no tiene nada que ver con la censura”, sino con la protección de los usuarios, la transparencia y la integridad de los procesos democráticos frente a la manipulación informativa.

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Antecedente clave: la multa de 120 millones de euros a X

La confrontación actual se entiende mejor a la luz de un episodio reciente: la sanción de 120 millones de euros impuesta el 5 de diciembre de 2025 a X, la red social de Elon Musk, por violar al menos tres disposiciones de la Ley de Servicios Digitales. Tras una investigación de dos años, la Comisión Europea concluyó que la plataforma incumplió sus obligaciones en tres frentes principales:

• El uso de marcas de verificación “engañosas” que pueden confundir a los usuarios sobre la autenticidad de cuentas y contenidos.
• La falta de transparencia en su repositorio de anuncios, que debe permitir identificar quién paga la publicidad y a qué públicos se dirige.
• La imposición de “barreras innecesarias” al trabajo de investigadores que buscan acceder a datos públicos para estudiar estafas, campañas de desinformación o manipulación coordinada.

Bruselas explicó que estas infracciones vulneran la DSA, que obliga a las grandes plataformas a controlar el contenido ilegal, informar con claridad a los usuarios y facilitar el escrutinio público sobre cómo se difunden mensajes y anuncios. La Comisión desglosó la sanción en diferentes componentes vinculados a cada violación y recordó que, en caso de incumplimiento reiterado, las multas pueden llegar hasta el 6 % de los ingresos globales de la compañía.

Desde la UE subrayan que X no es la única en la mira: también se investigan posibles incumplimientos de Meta, TikTok y la plataforma de comercio electrónico Temu, tanto por cuestiones de transparencia como por la venta de productos ilegales o el diseño de sistemas algorítmicos que puedan afectar de forma desproporcionada a menores de edad.

Un pulso que va más allá de las tecnológicas

El cruce de amenazas entre Washington y Bruselas refleja algo más profundo que una disputa sobre una multa concreta o un impuesto digital: es una batalla por quién define las reglas del juego en la economía digital global. La UE rechazó de facto la afirmación de un castigo dirigido a “empresas exitosas” y distorsión de la competencia; los reguladores sostienen que, sin marcos estrictos, el poder de mercado y la capacidad de influencia de las grandes plataformas pueden convertirse en un riesgo directo para los derechos fundamentales y para la democracia.

Por ahora, la Unión Europea mantiene su posición y asegura que no dará marcha atrás en su agenda digital. Del lado estadounidense, el tono creciente de las advertencias anticipa que este pulso podría trasladarse a otros escenarios o a acciones más hostiles.

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