Menor implicado en el asesinato de Miguel Uribe aceptó cargos y afrontará cambio de imputación por homicidio consumado

El caso por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tuvo un giro judicial determinante. El menor de 14 años que fue aprehendido por el ataque aceptó los cargos que inicialmente le formuló la Fiscalía: homicidio agravado en grado de tentativa, concierto para delinquir y porte ilegal de armas. Esta admisión se produjo el 5 de agosto, en una audiencia reservada ante un juez especializado en infancia y adolescencia, y constituyó un reconocimiento pleno de su participación en los hechos.

La situación procesal del adolescente cambió de manera sustancial el 11 de agosto, tras confirmarse el fallecimiento de Uribe Turbay. Ese mismo día, la Fiscalía General de la Nación anunció que radicaría una solicitud para modificar la calificación jurídica del caso, pasando de tentativa de homicidio a homicidio consumado. El trámite se adelantará ante un juez de control de garantías y, si es aprobado, el proceso continuará ante un juez de conocimiento que será quien determine la condena.

La sentencia está programada para el 27 de agosto. En el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, la sanción máxima por un delito como este puede alcanzar hasta ocho años de privación de libertad en un centro especializado para menores infractores. Aunque en un inicio se evaluó otorgarle un principio de oportunidad por colaboración, la Fiscalía concluyó que su testimonio no aportó elementos decisivos para identificar a los demás responsables, por lo que esa alternativa quedó descartada.

Evidencias y rol del ICBF

De acuerdo con la investigación, las cámaras de seguridad y otras pruebas técnicas fueron claves para identificar y vincular a los implicados en el ataque, y no las declaraciones del menor procesado. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) solicitó que el adolescente no enfrentara reclusión, pero la gravedad del crimen llevó al juez a considerar necesaria una sanción efectiva en un centro especializado, incluso antes de conocerse la decisión final sobre la modificación de la imputación.

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El asesinato de Miguel Uribe Turbay, perpetrado durante un acto político, desató una ofensiva judicial que ya deja seis capturas. Entre los detenidos se encuentra Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, señalada de transportar el arma homicida. También fueron arrestados alias “el Veneco”, alias “el Viejo” y alias “el Costeño”, este último acusado de coordinar la logística y conducir la motocicleta en la que huyeron los atacantes.

Alias “Zarco Aldinever” y la hipótesis de autoría intelectual

Las autoridades identificaron como presunto determinador del atentado a José Aldinever Sierra, alias “Zarco Aldinever”, disidente de las FARC vinculado a la Segunda Marquetalia. El Ministerio de Defensa confirmó su muerte el 11 de agosto en territorio venezolano, en un operativo que contó con información de inteligencia. El abogado de la familia Uribe, Víctor Mosquera, solicitó que esta línea de investigación se incorpore formalmente al expediente, para determinar si existió coordinación entre la estructura criminal que ejecutó el ataque y esa facción armada.

Esta hipótesis, aún en evaluación por las autoridades judiciales, podría reconfigurar el alcance del proceso, integrando a los presuntos autores intelectuales dentro del marco del magnicidio. La Fiscalía ha reiterado que no descarta ninguna línea investigativa y que se mantiene el trabajo articulado con otras entidades nacionales e internacionales para esclarecer completamente el crimen.

El caso no quedará impune: Fiscalía

La audiencia para solicitar la modificación de la imputación se realizará en los próximos días. Si el juez de conocimiento acepta el cambio, el 27 de agosto se dictará una sentencia ajustada a la nueva calificación jurídica. De manera paralela, continúa la investigación para capturar y judicializar a todos los responsables del atentado, tanto materiales como intelectuales.

La Fiscalía ha insistido en que el caso no quedará impune y que el expediente seguirá abierto hasta agotar todas las responsabilidades. El impacto político y social del asesinato de Miguel Uribe Turbay ha convertido este proceso en una prioridad para las autoridades, que buscan no solo sancionar a los implicados, sino también desmantelar la red que estuvo detrás del crimen.