Defensoría del Pueblo pide al Senado elegir magistrado de la Corte Constitucional con independencia y sin cálculos políticos

La defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó al Senado a actuar con responsabilidad en la elección del reemplazo del magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional, cuya vacante debe llenarse en los próximos días. La funcionaria advirtió que el debate no puede reducirse a intereses partidistas ni a un cálculo sobre si los aspirantes son cercanos o contrarios al Gobierno, pues está en juego la independencia de la justicia.

El pronunciamiento se da en un momento de fuerte tensión política en el Congreso, donde algunos sectores han planteado la votación como una prueba de fuerza frente al Ejecutivo. Marín recordó que, aunque la designación corresponde a un órgano político, esto no elimina la obligación de garantizar que la discusión se centre en los principios de imparcialidad y autonomía judicial.

“La decisión está en titularidad de un órgano político, lo cual tiene sentido y hace parte de nuestro diseño constitucional. Ahora bien, esto no elimina la responsabilidad del Senado de dar una discusión que se enmarque en el principio central de la actuación de la rama judicial”, afirmó.

La Defensora del Pueblo, @MarnIris, fija su posición sobre la elección de la persona que va a reemplazar al magistrado José Fernado Reyes en la Corte Constitucional.

“El Senado tiene la responsabilidad de dar una discusión que se enmarque en el principio central de actuación de… pic.twitter.com/wql1vZuFJZ

— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 1, 2025

Riesgo de politización

La defensora lamentó que, en los últimos días, el debate público haya girado en torno a etiquetas como “pro-Gobierno” o “anti-Gobierno”, lo que en su opinión desconoce el deber de proteger la independencia judicial. “El respeto por el principio de autonomía e independencia se construye tanto de manera externa, por parte de los sectores sociales y políticos hacia la Corte, como interna, es decir por la propia magistratura”, subrayó.

Marín también recordó que los jueces deben declararse impedidos cuando enfrenten conflictos de interés y que, una vez elegidos, no pueden actuar bajo compromisos con quienes impulsaron su postulación. “Una vez en el cargo, el juez debe distanciarse de los intereses específicos de quien lo eligió”, señaló.

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Paridad de género y legitimidad

La Defensoría del Pueblo ha promovido en paralelo una campaña para garantizar la paridad de género en las altas cortes. Marín insistió en que la diversidad no solo representa un principio democrático, sino que fortalece la legitimidad de la justicia constitucional y ayuda a preservar la confianza ciudadana en la Corte.

Este llamado busca aliviar las presiones políticas sobre una elección de gran trascendencia para la defensa de la Constitución que rige a todos los colombianos. Para la Defensoría, la única manera de proteger la legitimidad de esa decisión es garantizar que el proceso se guíe por la independencia y no por intereses de coyuntura.

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