“La desclasificación de los archivos del DAS comienza hasta ahora”: presidente Petro en acto de perdón por el caso CAJAR

Desde la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro pronunció un discurso que abre un nuevo capítulo en la búsqueda de verdad del Estado colombiano. “La desclasificación de los archivos del DAS comienza hasta ahora”, anunció ante centenares de víctimas y defensores de derechos humanos, al formalizar la firma del decreto que levanta la reserva sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

“Esto está en el Archivo General de la Nación. […] Y seguiremos; no se acaba mi gobierno sin que haya una política de desclasificación de archivos”, agregó el mandatario, en una intervención que combinó tono institucional con un llamado moral al reconocimiento de los crímenes de Estado.

El acto correspondió al cumplimiento de la sentencia Cajar vs. Colombia, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que declaró al Estado responsable por la persecución sistemática contra el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), mediante interceptaciones ilegales, amenazas y campañas de estigmatización durante las décadas de 1990 y 2000.

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Verdad, memoria y no repetición: el trasfondo del anuncio

El presidente enmarcó la desclasificación como un acto de justicia y memoria frente a las violaciones cometidas por los aparatos de seguridad del Estado. “Tiene que ver con la verdad. La verdad es en primer lugar lo que puede garantizar No repetición”, afirmó, vinculando el decreto con la lucha contra la impunidad.

A nombre del Estado colombiano, el mandatario ofreció disculpas por los hechos reconocidos internacionalmente:

“Los que tienen que dar las disculpas no están aquí. Sino que yo, a nombre del Estado —que hay que configurar, porque no soy de las personas que cometieron los genocidios, las violaciones de derechos humanos—, a nombre de ese Estado que aún no está, pido disculpas por lo que hizo en Colombia. Ese Estado genocida no ha pedido aún disculpas. No quiere la verdad. La está intentando ocultar”.

En el mismo sentido, sostuvo que el ocultamiento de archivos y la falta de transparencia institucional han sido mecanismos para prolongar la impunidad. “La sentencia de la Corte Constitucional que no le permite a la JEP recibir las declaraciones y confesiones de los paramilitares es para ocultar la verdad”, enfatizó.

Un paso esperado, pero sujeto a retos estructurales

El decreto de desclasificación llega tras años de reclamos por parte de organizaciones de derechos humanos. En 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) había identificado más de 57.000 unidades físicas de conservación y 47.800 soportes digitales del fondo documental del DAS, almacenados en el Archivo General de la Nación. Su acceso, digitalización y depuración son condiciones técnicas aún pendientes.

Expertos del propio Archivo General y de la JEP han advertido que el cumplimiento pleno de la sentencia requiere más que voluntad política: implica garantizar protocolos de seguridad, preservar la cadena de custodia y crear rutas institucionales de consulta para las víctimas. Hasta ahora, buena parte de esa información permanece bajo reserva o en procesos de clasificación incompletos.

El jefe de Estado reconoció esos desafíos, pero insistió en que la apertura de los archivos constituye un acto fundacional de transparencia estatal. “No se acaba mi gobierno sin que haya una política de desclasificación de archivos”, reiteró, subrayando que la verdad documental será el punto de partida para la no repetición de los crímenes de Estado. Asimismo, señaló que en la mira están los archivos de la DIPOL, la cual está al margen de la actual decisión.

“Normalizamos la crisis de derechos humanos”

El Presidente aprovechó el acto para hacer una reflexión más amplia sobre la indiferencia histórica frente a la violencia. “En Colombia los presidentes no tuvieron cuidado con los derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas. No les importaba nada. Por eso se desencadenó el genocidio en Colombia, ese que empezó el 9 de abril, que dejó 300 mil asesinados en los campos”, dijo.

Además, agregó que el país “normalizó la crisis de derechos humanos” y la subordinación del valor de la vida a los intereses económicos o políticos: “Cuando defensores de derechos humanos empezaron a defender personas humildes que no tenían un peso para pagar lo que valía una defensa, entonces los atacaron y los mataron. Este es un país donde se asesinó premeditadamente a defensores de derechos humanos”.

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Un compromiso con la memoria y las víctimas

Con la frase “La desclasificación de los archivos del DAS comienza hasta ahora”, el presidente Gustavo Petro selló un compromiso de Estado con la verdad, la memoria y la transparencia.

El decreto representa no solo un acto de reparación hacia las víctimas del CAJAR, sino una ruptura con la cultura del secreto que durante décadas amparó la persecución política. Su cumplimiento será la medida real de una promesa que busca convertir la verdad en política pública, y la memoria, en garantía de no repetición.