"El aumento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque. La política de los EE. UU. falló": presidente Petro

El presidente Gustavo Petro defendió la política antidrogas de su gobierno y afirmó que la estrategia de los Estados Unidos contra el narcotráfico en Colombia había fracasado. El mensaje del primer mandatario se dio tras una publicación en X de la Embajada de Estados Unidos, que asegura que “Bajo el desacertado liderazgo de Petro, el cultivo de coca y la producción de cocaína en Colombia han aumentado a niveles históricos”.

Ustedes comienzan por una mentira fáctica señores US embassy. El crecimiento de cultivos de coca se presenta en el gobierno de Duque, y con fumigación forzada. Es la política de los EEUU la que ha fallado.

Para que disminuyan los cultivo de hoja de coca lo que se necesita no es… https://t.co/qwA499APT0

— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 16, 2025

La publicación fue calificada como “una mentira fáctica” por parte del jefe de Estado, quien señaló que el crecimiento de los cultivos ilícitos ocurrió durante el gobierno anterior, el de Iván Duque, cuando aún se aplicaban estrategias como la fumigación aérea con glifosato.

“Es la política de los EEUU la que ha fallado. Para que disminuyan los cultivos de hoja de coca no se necesita glifosato tirado desde avionetas, sino una disminución de la demanda por cocaína, fundamentalmente en EEUU y Europa”, afirmó el primer mandatario en su cuenta de X.

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La ministra de Relaciones Exteriores, Yolanda Villavicencio, rechazó la descertificación y aseguró que la evaluación es “una decisión política y sesgada”.

“Nuestro gobierno ha enfrentado con determinación a los grupos criminales, protegiendo vidas y territorios. Defendemos con dignidad nuestra soberanía y rechazamos cualquier intento de deslegitimar los esfuerzos del pueblo colombiano”, aseguró la ministra.

🇨🇴 | El señalamiento a Colombia como “país que fracasó” en la lucha antidrogas es una decision política y sesgada.
Nuestro gobierno ha enfrentado con determinación a los grupos criminales, protegiendo vidas y territorios.

Defendemos con dignidad nuestra soberanía y rechazamos…

— Yolanda Villavicencio Mapy (@ryvillavicencio) September 16, 2025

¿Por qué ha fallado la política antidrogas de Estados Unidos?

Desde los albores de la “guerra contra las drogas” (War on Drugs) declarada en Estados Unidos en los años 70, pasando por Plan Colombia, hasta los programas actuales contra el opio y los fentanilos, se ha construido una política condicionada por la represión, la militarización y el control externo. Pero con el paso del tiempo, los resultados han demostrado que algo no funciona,y que esos métodos tradicionales no han podido cumplir con lo prometido.

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A pesar de décadas de inversión masiva—militares, policiales, diplomáticas—el consumo de drogas no ha disminuido significativamente. En Estados Unidos, las cifras de muertes por sobredosis siguen siendo altas. Por ejemplo, en 2023 más de 105.000 personas murieron por sobredosis accidentales.  

En Colombia, las fumigaciones aéreas con glifosato financiadas o apoyadas por EE. UU. y la erradicación forzada, han obligado a campesinos a abandonar tierras, destruido cultivos lícitos, y generado problemas de salud. Según estudios, los desplazamientos internos asociados a políticas de erradicación han sido numerosos.  

En muchos casos, las comunidades afectadas sostienen que esas intervenciones ocurrieron sin suficiente participación, consulta previa u oferta alternativa viable, lo que agrava los conflictos sociales.

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La política de EE. UU. tiende a enfocarse en los síntomas: cultivos ilícitos, narcotráfico, rutas de tráfico, capturas y destrucción de laboratorios. Pero muy frecuentemente no aborda factores económicos, sociales y culturales como la pobreza rural, la falta de infraestructura, la débil presencia del Estado, la desigualdad, las decisiones de consumo en países consumidores, ni la oferta legal asequible.

Según varias fuentes y estudios, cada vez que se destruye un cultivo o se cierra un laboratorio, los grupos criminales no desaparecen: se reacomodan. Buscan territorios más remotos, cambian rutas, usan métodos más sofisticados. Esa capacidad de adaptación ha hecho que la reducción de la oferta rara vez conlleve a una reducción proporcional del tráfico o del mercado ni de ganancias ilícitas.

Por último, estas estrategias hegemónicas, al enfocarse mayoritariamente en la militarización y la interdicción, se han dejado en un segundo plano lo que los expertos llaman reducción de daños: atención médica, prevención, tratamiento del consumo, programas de rehabilitación, educación comunitaria, tentar modelos de regulación o despenalización para ciertos usos.

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La política antidrogas del gobierno del presidente Petro: el respeto por la dignidad humana

Según el Ministerio de Justicia, el presidente Gustavo Petro ha defendido un cambio profundo en el enfoque que Colombia ha mantenido durante décadas frente al problema de las drogas. Bajo su gobierno, la política antidrogas dejó de girar alrededor de la erradicación forzada, las fumigaciones aéreas y la militarización de los territorios, para dar paso a una estrategia que prioriza la vida, los derechos humanos y la transformación social de los territorios cocaleros.

El plan oficial —llamado “Sembrando vida, desterramos el narcotráfico”— plantea que el combate al narcotráfico no puede centrarse únicamente en reducir hectáreas de coca, sino en ofrecer alternativas reales y sostenibles a las comunidades rurales que han dependido históricamente de estos cultivos para sobrevivir. Para ello, la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, acompañada de compensaciones económicas, asistencia técnica y proyectos productivos, se convierte en una de las piezas importantes para la lucha contra las drogas.

Además, esta política incorpora principios de reducción de daños, reconociendo que el consumo de sustancias psicoactivas debe ser tratado como un asunto de salud pública, y no como un delito. Esto implica ampliar el acceso a servicios de atención, programas de prevención, terapias y estrategias para mitigar los riesgos asociados al consumo, sin criminalizar a los usuarios.

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El gobierno también ha reiterado su oposición al uso del glifosato y a las fumigaciones aéreas, alegando sus efectos nocivos sobre el medio ambiente y la salud de las comunidades.

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