Acuerdo entre Israel y Hamás: claves para entender su verdad y lo que no se dice

El acuerdo entre Hamás e Israel ha sido celebrado como avance, pero ¿oculta crímenes como el genocidio? Analizamos sus límites desde el derecho internacional.
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Los palestinos desplazados comienzan su día en un campamento improvisado junto a la playa en la ciudad de Al-Zawayda, cerca de Deir al-Balah, en el centro de la Franja de Gaza.
Foto: AFP

Luego de las presiones internacionales para poner fin al genocidio en Palestina y tras varios días negociaciones, Hamás e Israel anunciaron un nuevo acuerdo que ha sido presentado como un “cese al fuego” y celebrado por varios gobiernos del mundo. Sin embargo, detrás de estas expresiones diplomáticas, hay varias preguntas jurídicas, éticas y políticas detrás de este anuncio entre Hamás e Israel: ¿Es este un acuerdo de paz real?, ¿Y qué papel juega el lenguaje cuando se acusa a Israel de cometer crímenes de guerra, hambruna y genocidio?

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Lo primero: un cese al fuego es diferente a un acuerdo de paz  

Si bien hay un avance en acordar un cese al fuego, no significa que ya haya paz en la región. Según fuentes del derecho internacional humanitario, como la Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) Este cese al fuego, que es la interrupción de las hostilidades, pero es solo un paso que da continuidad para llegar a un acuerdo. Cabe mencionar que el cese al fuego puede ser vulnerable porque puede ser temporal y cualquiera de las partes puede violar el cese.  

Distintos documentos legales internacionales (tratados históricos, convenciones) definen el acuerdo de paz como una firma oficial de las partes en disputa para acabar un conflicto con compromisos de por medio. Es decir, en los estados de Israel y Palestina; además de tener mecanismos políticos, territoriales, económicos y sociales relacionados con el conflicto para comprometerse a una paz permanente en el presente y prevenir conflictos en el futuro.

De acuerdo con estas fuentes, un verdadero proceso de paz debe garantizar la verdad sobre lo ocurrido, la justicia para las víctimas y medidas de reparación integral. El actual acuerdo no incluye compromisos en este sentido. Tampoco garantiza la investigación de hechos atroces ni la protección a largo plazo de la población civil.

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Un lenguaje que podría invisibilizar el crimen del genocidio

Nombrar el acuerdo como “cese al fuego” o “paz” puede ocultar asimetrías militares y responsabilidades jurídicas. Acorde con Global Fire Power 2025 (medio que ha comparado el poder de distintos ejércitos del mundo desde 2006) Israel, como Estado con poder militar, territorial y diplomático, no está en igualdad de condiciones con Hamás, considerado un actor no estatal, en cuanto a poder militar se refiere.

De hecho, organismos de derechos humanos, comisiones de la ONU, expertos internacionales, otros Estados y medios de comunicación (como RTVC) han advertido que Israel podría estar cometiendo crímenes de guerra, de lesa humanidad, hambruna y genocidio, siguiendo lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948.

Varios medios internacionales han documentado como algunos Estados, incluido los altos mandos de Hamás, han atribuido el acuerdo entre Hamás e Israel a la intervención del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. No obstante, el clamor internacional por parte de medios de comunicación, Estados y organismos internacionales por poner fin al genocidio podrían haber influido para este cese el fuego, pues han puesto en la opinión pública mundial el genocidio palestino, perpetrado por Israel.  

Más allá de la narrativa oficial, las protestas globales, el reconocimiento diplomático del Estado palestino por varios países, las acciones ante la Corte Internacional de Justicia , y la detención de la flotilla humanitaria Sumud, parecen haber ejercido presión política y moral. En efecto, existen instrumentos jurídicos y judiciales vigentes como la presentación por parte de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel, la cual invoca la Convención de Genocidio (y la emisión de medidas provisionales). Este recurso jurídico ejerce presión legal formal que obliga a que Israel explique su conducta ante un tribunal internacional, de acuerdo con esta obligación internacional.

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