Presidente Petro firma en Cereté la Ley de Jurisdicción Agraria y entrega 3.600 hectáreas a campesinos

El presidente Gustavo Petro sancionó este jueves en Cereté, Córdoba, la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, una norma que crea por primera vez en Colombia un sistema judicial especializado para resolver conflictos de tierras entre campesinos, pueblos étnicos y el Estado.

El acto se realizó en el marco de la entrega de 3.600 hectáreas a familias campesinas damnificadas por la emergencia climática en Córdoba y del inicio de la demolición de jarillones para recuperar las ciénagas del Bajo Sinú.

"Cuando haya conflictos entre el grande y el pequeño, no sea el machete sangriento, no sea la sierra eléctrica ensangrentada el camino de la solución. Que sean los jueces, que sea la justicia que rápidamente dirima el conflicto de cercas, el límite, que sea una justicia al servicio del pueblo, no del poderoso", dijo el mandatario al firmar la ley.

Un acto cargado de historia personal

El jefe de Estado eligió Cereté para este momento con deliberada intención. El municipio es el lugar donde nació su padre y donde, según contó ante la multitud, forjó su vocación política. "Aquí conocí la masacre, el asesinato sistemático, el intento de acallar la reivindicación de un pueblo. Y me juré a mí mismo que algún día yo también sería partícipe de las soluciones. Que, de alguna manera, llegaría el momento en que esa fuerza enorme, masiva del campesinado nos acompañaría en esa transformación. Y estoy absolutamente convencido de que esa transformación ha empezado", afirmó.

El presidente enmarcó el acto en una visión más amplia de lo que su gobierno ha intentado hacer en el Caribe y el Urabá antioqueño: "Sociedades con carencias no pueden ser libres. Lo que ha traído este gobierno a muchísimos puntos del departamento de Córdoba, del Urabá Antioqueño, de Sucre y otras regiones del Caribe es precisamente libertad. Hemos traído libertad superando las necesidades vitales de mucha gente. Y aún hay que seguir haciéndolo. Aún falta agua potable, más comida, educación y salud". Con esas palabras extendió la orden a sus ministros de continuar respondiendo a las necesidades insatisfechas de la región.

La ley que llegó diez años después

La Jurisdicción Agraria y Rural fue uno de los compromisos del primer punto del Acuerdo de Paz firmado en noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las extintas FARC. Tardó casi una década en materializarse. El proyecto fue tramitado en el Congreso bajo los números 157 de 2023 en Senado y 360 de 2024 en Cámara, en desarrollo del Acto Legislativo 03 de 2023, que incorporó esta jurisdicción en la Constitución. El Congreso lo aprobó en junio de 2024 y la Corte Constitucional le dio aval con algunos ajustes menores.

La norma crea juzgados y tribunales agrarios y rurales en todo el territorio nacional, centros de servicios judiciales con soporte pericial especializado y facilitadores agrarios que orientarán a los ciudadanos en el acceso a la justicia en asuntos de tierras. Los órganos de cierre serán la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia para conflictos entre particulares, y el Consejo de Estado para controversias entre particulares y el Estado.

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Córdoba, las ciénagas y la deuda del agua

El mandatario también se refirió a la catástrofe climática que sufrió Córdoba y a la responsabilidad que tuvo en ella la concentración de la tierra. "Se apropiaron de las ciénagas, las desecaron con diques mal hechos, dejó de fluir el agua por las quebradas, los caños, los ríos, y las mismas ciénagas se volvieron haciendas para vacas y a veces haciendas para búfalos. El agua no llegó a la ciénaga, llegó a los barrios de Montería, anegó la tierra campesina, se desbordó en donde se cultivaban alimentos y empezamos a padecer hambre en medio de una tierra fértil", dijo.

En ese contexto, la demolición de jarillones que se inició en los últimos días busca devolver el agua a su curso natural y recuperar las ciénagas del Bajo Sinú. El presidente describió la acción del Estado como una doble justicia: "Justicia con la gente trabajadora, campesina, con el pescador, y justicia con el agua".

Una oportunidad para la región ante la crisis climática global

El Presidente conectó el acto público con su visión de largo plazo sobre el papel que puede jugar Colombia, y en particular Córdoba, en un mundo que enfrenta la emergencia climática:

"La crisis climática global no la detendremos solamente en Colombia. Hay que dejar de consumir petróleo, carbón y gas en todo el mundo. Y seguramente si lo logramos, cada vez se necesitará más comida en las alacenas, en las neveras, en las casas de los hogares de todo el mundo. Por tanto, la oportunidad de Córdoba, del valle fértil de su río Sinú y del San Jorge, de las tierras que pueden dar muchísima comida no sólo a Colombia sino a la humanidad misma, abren las posibilidades de riqueza que no es malavida sino bien habida por el trabajo y que no es para unos pocos apenas, sino para la totalidad de la sociedad", afirmó.

La sanción presidencial es el primer paso, pero la puesta en marcha de la jurisdicción agraria requiere completar etapas adicionales. El Congreso debe tramitar aún la ley ordinaria que definirá los procedimientos agrarios y las competencias específicas de jueces y tribunales.

El Consejo Superior de la Judicatura tiene el mandato de crear los juzgados y tribunales de manera gradual, priorizando zonas rurales y municipios PDET. El gobierno nacional deberá garantizar los recursos para infraestructura, formación de jueces y funcionamiento de los equipos interdisciplinarios con enfoque diferencial.

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